La política comunitaria puede resumirse como una determinación de integrar a las mujeres en la corriente principal del desarrollo en términos igualitarios con respecto a los hombres, tanto en su calidad de agentes como de beneficiarios del mismo. Esta política se basa en los principios de los derechos humanos y la justicia social y también en la racionalidad económica directa de una asignación de recursos que tenga en cuenta la relación coste/ eficacia.