La “Guía de Criterios de Actuación Judicial frente a la Violencia de Género” de 2008 ha demostrado ser un instrumento útil y práctico para jueces y juezas, así como para el resto de profesionales que trabajan en la erradicación de la violencia de género. Casi cinco años después, contamos con una experiencia que justifica su actualización. En este lustro se han unificado criterios jurisprudenciales; por ejemplo, la ausencia de efectos del consentimiento de la víctima en el quebrantamiento de la orden de alejamiento, o los supuestos de inaplicación de la dispensa del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este tiempo hemos asistido a periódicas campañas dirigidas a minar la credibilidad del testimonio de las mujeres, hemos constatado el impacto tan grave y negativo que ha tenido la aceptación forense de presuntos síndromes de alienación parental. Esto reafirma que afrontamos un problema social que nos lleva siglos de ventaja y que la formación especializada en violencia de género es necesaria. Está dando buenos resultados, pero tenemos que seguir trabajando ante una violencia que se resiste a desaparecer, y para ello es clave la perspectiva de género como criterio de interpretación de las normas. Un criterio legal y constitucional.