Desde el Ministerio de Igualdad se ha abierto a consulta pública ciudadana la ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004 durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. Entre los principales motivos de la modificación de la ley, se encuentra la voluntad del Gobierno de blindar el pacto de Estado contra la violencia de género, asegurar su financiación futura y convertir este acuerdo en una cuestión de Estado.

El anuncio lo ha realizado  la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, durante una comparecencia en la que afirmó que sería una "oportunidad" para hacer otras modificaciones a la ley que tanto el movimiento feminista, como expertas juristas, llevan tiempo reclamando. "El objetivo sería hacer permanente el pacto de Estado, pero sin duda, hay algunos retoques y reformas que no suponen una revisión integral, pero sí una mejora de la vida de todas las víctimas de violencia machista, que son las mujeres y sus hijos e hijas", afirmó Rosell.

Las modificaciones al texto podrían incluir reformas para adaptarlo a lo que marca el Convenio de Estambul, un tratado internacional firmado por España y que obliga a contemplar todas las violencias contra las mujeres por el hecho de serlo. La actual ley contempla sólo la violencia hacia las mujeres o sus hijos e hijas cuando quienes las realizan están sentimentalmente unidad a ellas (parejas o exparejas). El Convenio de Estambul obliga a los Estados firmantes a tener en cuenta una abanico mucho más amplio de violencias machistas, que incluye la violencia sexual, los matrimonios forzosos, la trata de mujeres, la mutilación genital femenina, entre otras. Rosell afirmó que es necesario que la norma vaya más allá del "marco estrecho de la violencia íntima". 

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