Todos los Estados miembros del Consejo de Europa han tenido tiempo atrás sistemas jurídicos que establecían distinciones o desigualdades de trato entre los ciudadanos en función del sexo y eran reconocidas como legítimas. El ámbito jurídico en el que estaban establecidas estas desigualdades eran, especialmente: los derechos políticos; los derechos civiles; el derecho familiar y el derecho laboral. Una abundante literatura analiza los orígenes, las causas y las razones de estas discriminaciones, sobre las que ya no nos detendremos más.