Las víctimas de violencia de género serán reconocidas como tales y, en consecuencia, accederán a los derechos laborales y prestaciones que conlleva y a los recursos destinados para ellas sin necesidad de interponer denuncia. Los «títulos de acreditación» de víctima los emitirán «nuevas entidades» entre las que están los servicios sociales, los de acogida y otros «especializados», a los que el cambio normativo coloca al mismo nivel de las resoluciones judiciales. El BOE publicó ayer el acuerdo de la conferencia sectorial de Igualdad, aprobado por unanimidad con las comunidades autónomas.

¿Qué mujeres se beneficiarán de esta acreditación administrativa inédita y cuestionada por los juristas?: las víctimas que estén pensándose denunciar; las mujeres cuyo procedimiento judicial se haya archivado o sobreseído; las que hayan denunciado y el procedimiento esté en instrucción; las que tengan sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por prescripción, muerte del penado, cumplimiento de la condena, u orden de protección que haya quedado inactiva, por sentencia absolutoria o cualquier otra causa que no declare probada la existencia de la violencia; las víctimas a las que se haya denegado la orden de protección, pero existan diligencias penales abiertas, y también las que hayan denunciado alguna vez antes o incluso hayan retirado esa denuncia.

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