El Instituto de la Mujer ha elaborado un proyecto de indicadores adecuado a la realidad socioeconómica y disponibilidad de los datos de España, presentándose la relación total de indicadores que conforman el sistema de indicadores sociales propuesto, así como otras tablas de cifras estadísticas que se estimen de interés y utilidad.

Todos los Estados miembros del Consejo de Europa han tenido tiempo atrás sistemas jurídicos que establecían distinciones o desigualdades de trato entre los ciudadanos en función del sexo y eran reconocidas como legítimas. El ámbito jurídico en el que estaban establecidas estas desigualdades eran, especialmente: los derechos políticos; los derechos civiles; el derecho familiar y el derecho laboral. Una abundante literatura analiza los orígenes, las causas y las razones de estas discriminaciones, sobre las que ya no nos detendremos más.

El trabajo que presentamos hoy como volumen de conclusiones es la culminación de la primera fase del proyecto para la igualdad de oportunidades y, en definitiva, para una eficaz política de gestión de los recursos humanos en nuestro país. El proyecto está considerablemente potenciado por las actividades de la Comisión de Acción Positiva en la Empresa (CAPEM), así como por la colaboración de un primer grupo de importantes empresas que figuran por orden alfabético en el anexo.